A partir de ahora los habitantes de 500.000 viviendas en España podrán añadirle el adjetivo de sostenible al “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, como establece el artículo 47 de la Constitución. Para cumplir este desafío el Plan de Recuperación, que contempla que con los fondos Next Generation se rehabiliten unas 30.000 viviendas al año entre 2021 y 2023, tendrá que dar prioridad a los ciudadanos vulnerables. Solo así, este Plan será clave para frenar la pobreza energética, una meta que ha compartido el Presidente del Gobierno en la apertura del curso político reiterando que, tras la pandemia, con los Fondos Europeos, llega una “recuperación económica justa”. Así lo integran la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que destaca la necesidad de rehabilitar edificios donde vivan personas en situación de vulnerabilidad.
Más de la mitad de los 25 millones de viviendas se construyeron antes de los años 80, cuando no existían normas relacionadas con eficiencia energética, una realidad que confirma que las casas más ineficientes, son las habitadas por personas vulnerables.
En España, el 30% del consumo de energía total se origina en los edificios y más de la mitad de esta cantidad, corresponde al sector residencial. Un dato preocupante que ha convertido la rehabilitación en el área más importante del Plan de Recuperación, con la aprobación del Gobierno del reparto entre comunidades de 1.631 millones de euros: 1.151 destinados a la rehabilitación de viviendas y barrios y el resto, para edificios públicos, según explicó la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez. Las ayudas, que beneficiarán tanto las comunidades de vecinos como los propietarios de vecinos, podrán cubrir entre el 40% y el 100% del coste total. Se estima que, además de reducir la huella de carbono, este sector cree más de 180 mil puestos de trabajo.
Parte de estos fondos ya se adelantaron sin esperar la luz verde de Europa a la primera partida de los Next Generation entregados a mediados de agosto. Para optar a estas ayudas se asignaron en los Presupuestos Generales del Estado, con la distribución de 7.250 millones a las comunidades autónomas destinadas a inversiones relacionadas con la crisis climática, la vivienda, educación o la sanidad.
Para que la sostenibilidad se convierta en el pilar de la construcción de una vivienda sin dejar a nadie atrás, la gestión eficiente de estas ayudas y las alianzas público-privadas son clave en el desafío de implantación de un modelo de desarrollo sostenible.