Las soluciones económicas y sociales para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus ya están aquí con la llegada del primer ingreso de las ayudas europeas de 9.000 millones, una oportunidad única para impulsar el nuevo paradigma de la sostenibilidad justa. Esta primera inyección supone el 13 % de los 69.500 millones previstos de los fondos del programa Next Generation para financiar una transformación verde y digital que promueva la cohesión social. Así lo explicó la Comisión Europea, que insiste en la necesidad de que estas ayudas se muevan sobre estas tres líneas con un porcentaje del 40% de los fondos destinados a garantizar un modelo sostenible que logre el objetivo de emisiones neutras para el 2050; el 28%, para asegurar una transición digital y el resto, inversiones que fortalezcan un modelo ecosocial. Estos ejes, como afirmó von der Leyen, se empiezan a materializar en fuentes de energías renovables, puestos de trabajo que limitan la contratación temporal, la reducción del desempleo juvenil y la digitalización de pymes y la Administración con una partida que incluye también la formación en este ámbito para superar la brecha digital. Las medidas integradas en el plan español, con 212 inversiones aprobadas por Bruselas, contienen además la formación profesional, 250.000 coches eléctricos para el 2023, el impulso del corredor ferroviario de pasajeros y mercancías del mediterráneo y el atlántico y la rehabilitación de un millón de viviendas para lograr la eficiencia energética.

7.250 millones de euros para las comunidades autónomas
Las comunidades autónomas, como adelantó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ya tienen asignados 7.250 millones de euros. La prioridad es avanzar hacia una economía más sostenible. En esta dirección se incluye aplicar la normativa de residuos, arreglar tendidos eléctricos, adaptar y renovar edificios, mejorar los servicios de saneamiento y depuración de aguas, mejorar los equipos sanitarios o incentivar la movilidad eléctrica. En el plano social, el Gobierno se compromete a reforzar la economía de los cuidados y ampliar las políticas de igualdad e inclusión social. Todo ello para seguir avanzando -como indicó el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su Twitter- “hacia un país más verde, digital, feminista y cohesionado, poniendo en marcha las grandes transformaciones que nuestra economía necesita”. Soluciones a la crisis que, como ha destacado la vicepresidenta económica Nadia Calviño, el Ejecutivo ya estaba desarrollando con una partida que adelantó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 antes de recibir una parte de estos fondos. Además, explicó que las ayudas del Plan de Recuperación “equivalen a las transferencias que hemos recibido de fondos estructurales en los últimos 30 años” y que esto posibilita una salida diferente a la crisis anterior.

La reforma laboral, fiscal y las pensiones condicionarán los fondos de 2022 y 2023
De momento, para pasar al siguiente nivel, como advierte el comisario de Economía de la UE Paolo Gentiloni, “los compromisos incluidos en los planes de recuperación tienen que cumplirse”. Si España quiere seguir obteniendo los fondos, cada seis meses tendrá que demostrar a la Comisión que ha ejecutado los cambios y las inversiones. Y si no los efectúa, no habrá más dinero. Lo que sí que está asegurado es el siguiente pago de 10.000 millones a finales de año por las medidas y los proyectos ya implementados. La luz verde de Bruselas a la segunda remesa de los fondos europeos programados para 2022 y 2023 estará condicionada por los avances de la reforma laboral, fiscal y las pensiones, otra oportunidad, como advierte la Comisión Europea de alcanzar negociaciones y consensuar el futuro con los actores sociales.

De las alianzas dependen también la llegada de estas inversiones históricas que pueden salvar el planeta sin dejar a nadie atrás.

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