Transparencia y rendición de cuentas para una recuperación sostenible y justa

Javier Pérez, director de Political Watch, y la investigadora Belén Agüero presentan en este artículo ideas para integrar la transparencia y rendición de cuentas para una recuperación sostenible y justa.

Las posibilidades de que España se recupere de la crisis económica y social generada por la pandemia de la COVID-19, y de que esta recuperación sea sostenible, justa y duradera, dependen en gran medida de la forma en la que nuestro país diseñe y ejecute el plan de inversión de los 140.000 millones de euros que la Unión Europea va a poner a su disposición, en préstamos y transferencias, entre 2021 y 2026 a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia, también conocido como Fondo Next Generation EU.

La UE ha querido dar a este Fondo un carácter innovador y transformador, exigiendo que las inversiones acometidas por los Estados miembros en ejecución del mismo estén encaminadas a alguno de estos tres objetivos:

1. Recuperarse de la crisis generada por la pandemia, reparar los daños y salir reforzados.
2. Impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades.
3. Reforzar los programas clave de la UE, haciendo que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerando la doble transición, ecológica y digital.

Para el mayor de los mecanismos a través de los cuales se canalizarán los fondos de la UE a los Estados miembros (el MRR o Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), por el que a España le corresponden 59.168 millones, la UE ha elaborado unos requisitos específicos para cada país. En el caso de España, la UE le exige avanzar en una serie de reformas estructurales que van desde garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, fortalecer la capacidad del sistema sanitario, abordar las brechas del desempleo nacional, luchar contra el abandono escolar temprano, mejorar la eficiencia energética y las infraestructuras de transporte de mercancías por ferrocarril o mejorar la eficacia de las políticas de fomento de la I+D.

La movilización de un volumen tan importante de recursos sólo es comparable en España a los procesos de transformación económica producidos a raíz de la incorporación a las Comunidades Europeas en los años 80 o la creación del Fondo de Cohesión europeo en mitad de los 90. Sólo el Fondo Next Generation EU ya representa en torno al 11% del PIB nacional anual, pero hay que tener en cuenta que simultáneamente llegarán a España desde Bruselas 79.000 millones adicionales (provenientes de fondos estructurales y de la PAC) y los remanentes no gastados del marco financiero plurianual 2014-2020.

Para que esta extraordinaria oportunidad sea un éxito y se convierta realmente en un catalizador de transformaciones hacia un país más próspero, resiliente, saludable y sostenible es necesario que se cumplan tres condiciones esenciales:

• acierto en el diseño de la hoja de ruta a seguir (lo que incluye, por ejemplo, tener un plan con las líneas directrices y los criterios de reparto temáticos y geográficos);
• capacidad de gestión y ejecución,
• y control sobre la ejecución para asegurar que se logran los objetivos establecidos.

En relación con el diseño de la hoja de ruta, el Gobierno ha avanzado adecuadamente en los últimos meses. En octubre de 2020 presentó su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que precisamente trata de establecer las líneas directrices que orientarán las políticas y estrategias a poner en marcha para movilizar los fondos europeos; y en enero de 2021 envió a la Comisión la propuesta de reformas exigidas a cambio de los fondos del MRR. Ambos documentos están inspirados en los diagnósticos y trabajos realizados anteriormente por España para implementar los objetivos de la Agenda 2030 (incluidas las conclusiones y recomendaciones realizadas en julio de 2020 por la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados)  y tratan de acelerar y profundizar el programa de gobierno de coalición recogido en la Agenda del Cambio. En relación con los criterios de reparto temático y geográfico, el Gobierno también está haciendo un importante esfuerzo comunicativo y de transparencia, aunque sería deseable que acompañara a los criterios aplicados con los indicadores específicos empleados, para dar mayor certeza acerca de la objetividad empleada.

Sería muy deseable que el nivel de comunicación y transparencia mantenido hasta la fecha por el Gobierno central sea sostenido a medida que las responsabilidades de planificación y gestión vayan diversificándose entre Ministerios, Comunidades Autónomas y otras administraciones descentralizadas. El antecedente de la ejecución por parte de las CCAA de los 16.000 millones de euros de los Fondos COVID-19 no es muy esperanzador, dado que, en la mayoría de los casos, los gobiernos autonómicos no han informado de antemano acerca del detalle de sus criterios y planes de ejecución, dificultando enormemente el control externo, la rendición de cuentas y la posterior evaluación del impacto logrado.

Conscientes del enorme reto que va a suponer gestionar administrativamente la ejecución del Fondo Next Generation EU, el Gobierno ha tramitado el Real Decreto-ley 36/2020, que fue convalidado por el Congreso a principios del mes de febrero de 2021, y en el que se introduce una importante batería de reformas procedimentales para garantizar la agilidad burocrática necesaria para dar salida a la avalancha de fondos europeos. En general, lo que esta reforma introduce es una relajación o flexibilización de requisitos y controles previos que hasta ahora se consideraban esenciales en la tramitación de contratos y subvenciones públicas, convenios administrativos o autorizaciones ambientales.

Estas flexibilizaciones procedimentales, posiblemente necesarias si se quiere alcanzar el ritmo de ejecución de fondos deseado (72.000 millones de euros en transferencias entre 2021 y 2023), también aumentan peligrosamente el riesgo de que se rebaje el nivel de exigencia de los proyectos financiados y de que se produzcan casos de corrupción y otras malas prácticas en la gestión y ejecución.

Para que esto no ocurra, junto a los mecanismos formales de fiscalización y control previstos (el tradicional control de la Intervención General de la Administración del Estado, las comparecencias trimestrales en sede parlamentaria…) es necesario garantizar unos niveles de transparencia, acceso a información y rendición de cuentas muy por encima de lo que los poderes públicos en España están acostumbrados a ofrecer. La reciente experiencia analizando la ejecución del tramo de educación de los 16.000 millones de los Fondos COVID-19 ha mostrado que con las herramientas y estándares actuales de transparencia y acceso a información (portales de contratación pública, Boletines Oficiales, buscadores de información en las webs parlamentarias…) es prácticamente imposible ‘rastrear el dinero’ para poder conocer su destino, beneficiarios, nivel de ejecución e impacto.

Partiendo de esta reciente experiencia que, en términos de transparencia y acceso a la información puede considerarse fallida, hay dos medidas que se consideran esenciales y que se está aún a tiempo de implementar antes del libramiento de los primeros fondos europeos. Por un lado, exigir a todos los Ministerios, Comunidades Autónomas y al resto de administraciones descentralizadas que vayan a tener responsabilidades en la gestión, distribución o ejecución de los fondos que comuniquen de qué forma y con qué objetivos van a ser destinados, de modo que sea posible el posterior control, la exigencia de rendición de cuentas y el análisis sobre la adicionalidad de la inversión realizada. En segundo lugar, es esencial que en el anunciado ‘portal web único’ para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se publique toda la información disponible relacionada con la ejecución de los fondos (contratos, convenios, subvenciones, los nuevos ‘proyectos estratégicos’, etc.) de forma abierta, accesible y reutilizable. La disponibilidad de esta información en abierto no sólo produciría un efecto disuasorio ante cualquier mala práctica, sino que permitiría el necesario control externo por parte de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Porque la ansiada recuperación verde, digital, inclusiva y social, tendrá que ser necesariamente transparente o no lo será.