¿Se está velando por el Estado de derecho ambiental en los planes de recuperación?

El Estado de derecho, uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, está siendo un aspecto clave en las negociaciones vinculadas con los fondos Next Generation y el marco financiero plurianual de la Comisión Europea. Ello se debe no solo a su capacidad para evitar la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses al ejecutar ambos instrumentos, sino también a que implica que los Estados miembro respeten todas las directivas y reglamentos medioambientales que se han venido adoptando desde los años 60 del siglo XX. A pesar de ello, algunas cuestiones están suscitando cierto debate.

Ante esta situación, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha elaborado un informe en el que ahonda en esta temática. En él, se recuerda que entre las obligaciones legales a las que deben estar sujetos los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (PNRR) se encuentran las siguientes:

1. El procedimiento para su elaboración debe ser transparente y estar sujeto a consulta pública.
2. Son planes que deben someterse a una evaluación ambiental estratégica.
3. Los proyectos beneficiarios deben someterse a una evaluación de impacto medioambiental cuando así lo requiera la directiva al respecto.

Sin embargo, y en contra a lo recogido en el Convenio de Aarhus, la preparación de los PNRR en la mayoría de los Estados miembros no se está llevando bajo una evaluación ambiental estratégica y los procedimientos de consulta pública son deficientes o inexistentes. En este sentido, el documento del IIDMA pone un ejemplo aludiendo al principio de “no hacer daño significativo” recogido en el reglamento de Taxonomía UE, una medida a su juicio insuficiente y que no sustituye a otras leyes de protección ambiental.

Por todo ello, el informe concluye que, aunque las respuestas económicas al Covid-19 son esenciales y necesarias, éstas no pueden ejecutarse a expensas del Estado de derecho ambiental, especialmente si se tiene en cuenta que los PNRR deben contribuir al Pacto Verde de la Unión Europea.

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