La emergencia climática requiere una ley con objetivos más ambiciosos

Carlos Bravo, consultor en energía en Salvia, Energía, Derecho y Medio Ambiente analiza la ambición de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La atmósfera se está calentando, y el clima cambia de año en año. De los ocho millones de especies del planeta, un millón está en riesgo de extinción. Estamos contaminando y destruyendo los bosques y los océanos. Así lo reconoce expresamente el Pacto Verde Europeo, en su primer párrafo.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), el organismo científico de referencia y autoridad internacionalmente aceptada sobre esta materia, lleva años alertando de que estamos actuando demasiado despacio y nos estamos quedando sin tiempo para evitar los efectos más desastrosos del cambio climático. En 2018, el IPCC presentó un informe donde se concluía que, para poder limitar el calentamiento global a 1,5ºC, se requerirían “cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”, en nuestros sistemas energéticos, modelos industriales, agrícola-ganaderos y de transporte, planificación de las ciudades, etc.

Afortunadamente, en los últimos meses se han producido una serie de acontecimientos positivos que permitirán relanzar la lucha internacional contra el cambio climático. La más reciente es la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, quien se ha comprometido a que, una vez tome posesión de su cargo, volverá a vincular a EE.UU. al Acuerdo de París, deshaciendo así ese acto irresponsable del anterior Presidente Trump.

Pero, además, hay que recordar el anuncio del presidente Xi Jinping, en la 75ª Asamblea General de la ONU, de que China, el primer emisor de gases invernadero del mundo, llevará a cabo “una revolución verde” y se compromete a ser “neutro en carbono” antes de 2060 y a alcanzar el pico de emisiones antes de 2030.

La Unión Europea no se quedará atrás en este esfuerzo, y de hecho, con anterioridad a los hechos anteriores, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un incremento de 15 puntos en la ambición climática de la UE fijando en “al menos el 55%” el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea para el año 2030.

En España, el Congreso de los Diputados está debatiendo actualmente el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Su objetivo a largo plazo es conseguir emisiones netas cero de GEI en España a más tardar en el año 2050, pero también establece objetivos para el año 2030 con respecto a la reducción de las emisiones de GEI (un 20%, al menos, con respecto del año 1990); incremento de la participación de las energías renovables en el consumo de energía final (al menos, en un 35%) y en la generación de electricidad (al menos un 70% del total); y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Muchas entidades de la sociedad civil y el sector privado han planteado la necesidad de dotar al citado proyecto de ley de un mayor nivel de ambición climática, lo que ha sido respaldado por enmiendas presentadas por diversos partidos en el Congreso de los Diputados. Ese nivel de ambición debería, al menos, aumentar estableciendo como objetivos mínimos legalmente vinculantes aquellos que se han incluido en el escenario objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Es concreto: un 23% de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990, un 42% de participación de las energías renovables sobre el uso final de la energía, un 74% de renovables en la generación eléctrica y un 39,5% de mejora de la eficiencia energética.

En este contexto, sorprende ver que algunos partidos políticos, ajenos al parecer a la gravedad del desafío climático, en lugar de tratar de incrementar la ambición climática del proyecto de ley, han presentado enmiendas a la baja, proponiendo bajar los objetivos de reducción de emisiones, de eficiencia energética y de participación de las renovables en el uso final de la energía así como eliminar totalmente el objetivo de generación eléctrica con energías renovables, además de pedir la supresión de cualquier referencia a que estos objetivos de la ley solo puedan revisarse al alza. Este es, en concreto, el incomprensible caso de Ciudadanos.

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